Revista de Investigación Científica y Tecnológica
Alpha Centauri
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Relación entre la normativa del REINFO y el nivel de formalización
de los pequeños mineros en el Perú, 2025
Relationship between REINFO regulations and the level of formalization of small-scale miners in Peru, 2025
Luis Alberto Matos del Pozo
matosdelpozo@hotmail.com
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú
Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la normativa del Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO) y el nivel de formalización de los pequeños mineros
en el Perú durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo
básico, con un diseño no experimental, nivel correlacional y corte transversal. Las personas que
participaron como muestra estuvieron conformadas por 70 mineros debidamente inscritos en el
REINFO, a los cuales se les aplicó el cuestionario validado por expertos en el área de estudio. Se
realizó un análisis inferencial, donde se usó el coeficiente Rho de Spearman y las pruebas de
normalidad. Resultados concluyeron en que se evidenció una relación positiva y estadísticamente
significativa entre la normativa del REINFO y la formalización de los pequeños mineros con un
rs de 0,422, y p < 0.05, seguido de la dimensión cumplimiento ambiental y de seguridad con un
rs de 0.357 y p < 0.05, y del conocimiento normativo con un rs 0.258 y p < 0.05. Evidencias
demostraron un gran avance acerca del conocimiento normativo y el cumplimiento
administrativo, aun existiendo brechas sobre la formalización ambiental, territorial y tributaria.
Las conclusiones fueron que se encontró una relación significativa entre la normativa de REINFO
y la formalización minera, aunque la efectividad de ella estuvo condicionada por temas
administrativos, institucionales y operativos.
Palabras claves: formalización minera, REINFO, normativa minera, pequeños mineros,
políticas públicas.
Abstract
The present research aimed to analyze the relationship between the regulations of the Integral
Mining Formalization Registry (REINFO) and the level of formalization of small-scale miners
in Peru during the year 2025. The study was conducted under a quantitative approach, basic type,
with a non-experimental design, correlational level, and cross-sectional scope. The population
and sample consisted of 70 small-scale miners registered in REINFO, to whom a structured
questionnaire validated by expert judgment was applied. Inferential analysis was carried out
using Spearman’s Rho coefficient, following normality testing. The results revealed a positive
and statistically significant relationship between REINFO regulations and the formalization of
small-scale miners (rs = 0.422; p < 0.05). Additionally, documentary compliance showed the
strongest association with formalization (rs = 0.499; p < 0.05), followed by environmental and
safety compliance (rs = 0.357; p < 0.05) and regulatory knowledge (rs = 0.258; p < 0.05).
Descriptive findings supported these results, showing notable progress in regulatory
understanding and administrative compliance, while persistent gaps remained in environmental,
territorial, and tax formalization. It was concluded that REINFO regulations were significantly
related to mining formalization; however, their effectiveness depended on administrative,
institutional, and operational factors.
Keywords: mining formalization, REINFO, mining regulation, small-scale miners, public
policies.
Publicado: 02/06/2026
Aceptado: 01/06/2026
Recibido: 21/04/2026
Open Access
Article scientific
https://doi.org/10.47422/ac.v7i2.227
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Introducción
La minería artesanal y de pequeña escala (por sus iniciales,
MAPE) es una fuente de empleo e ingresos para millones
de personas en zonas rurales de países en desarrollo, pero
se ejecuta en condiciones de informalidad generalizada,
con consecuencias documentadas sobre el ambiente, la
salud y la recaudación fiscal. Esta tensión entre su
relevancia económica y su irregularidad ha llevado a
distintos Estados a diseñar marcos normativos de
formalización, cuyos resultados han sido, en términos
generales, decepcionantes. La evidencia internacional
muestra que la existencia de normas no garantiza el
cumplimiento de las mismas cuando no se consideran los
factores institucionales, sociales y territoriales, aquellos
que condicionan el comportamiento de los operadores
mineros (Hilson et al., 2021; Pein, 2022; Adranyi et al.,
2024).
Las limitaciones a la formalización se manifiestan en varios
planos. En el punto de vista administrativo, la complejidad
de los trámites y los altos costos operativos han funcionado
como barreras de entrada efectivas. Los autores Velásquez
et al. (2023) hallaron en su investigación que a pesar de que
la formalización tuvo un efecto positivo respecto a la
recaudación tributaria de la región del Perú y la densidad
burocrática del proceso limitaron ese potencial. Así
también, los investigadores Salas et al. (2021) hallaron el
acceso a concesiones y derechos sobre terrenos
superficiales como un “cuello de botella” en la región de
Puno. Así, el investigador Callo (2024) concluyó en su
investigación que gran parte de las dificultades se
centraban en la certificación ambiental y la acreditación de
títulos. Desde un punto de vista político y estructural, los
autores Pachas y Lombardi (2024) hallaron que la
priorización del estado de la gran minería, con ayuda del
alza sostenida del precio de oro, desboró la capacidad
regulatoria del Estado peruano. Los investigadores Muñoz
et al. (2023) hallaron que los marcos que se basan en
enfoques neoliberales transfieren cargas técnicas y
económicas en proporción desigualada sobre los pequeños
mineros, aumentando así la brecha frente a quienes operan
en mayor escala. Los investigadores Zárate et al. (2023)
hallaron un patrón parecido sobre el modelo
neoextractivista genera una tención territorial y también
desconfianza en las comunidades que erosionaron los
incentivos para lograr la formalización. Así también,
investigadores Layme y Weill (2025) dieron un punto de
vista sobre la dimensión discursiva, donde mencionaron
que los relatos estatales buscaron criminalizar a los
pequeños mineros, dejando de lado la transparencia sobre
la diversidad del sector y restringiendo el acceso a
información acerca de regularización.
La minería artesanal creada bajo la informalidad genera
impactos severos sobre ecosistemas y seguridad
alimentaria (Fagariba et al., 2024) y el uso persistente de
mercurio en operaciones no reguladas expone estas
deficiencias con particular claridad (Mestanza et al., 2022).
Los autores Shah et al. (2021) documentaron que, aun
cuando la actividad mejoró los ingresos de algunos
hogares, el reconocimiento de sus impactos ambientales
negativos permaneció bajo entre los propios operadores lo
que complica cualquier estrategia de cumplimiento
normativo.
La experiencia comparada ofrece referencias útiles, aunque
con algunas advertencias. En el país vecino de Chile, la
intervención de ENAMI combinó la legalización con
asistencia técnica y financiera reduciendo
significativamente la informalidad, aunque restricciones
presupuestarias comprometieron su sostenibilidad en el
tiempo (Scholvin y Atienza, 2023). En Colombia, la
incorporación de mecanismos alternativos de
formalización diversificó las opciones disponibles para los
operadores. En el contexto peruano, se encuentra aún con
más restricciones (Dueñas et al., 2025). Aún así, los
investigadores Delgado et al. (2024) hallaron que el
resultado más importante para el éxito del cumplimiento
formal son los arreglos institucionales que logren adaptarse
y un acompañamiento durante el proceso.
En nuestro país el REINFO es un pilar muy importante para
la regularización de la MAPE desde que se creó. Aún así,
la evidencia actual cuestiona su real eficacia. El
investigador Ventura (2024) halló que una tasa baja de
culminación del proceso junto a una alta proporción de
registros de formalización suspendidos, mantuvo a muchos
operarios en la zona de informalidad. Así, el autor Masco
(2025) halló vacíos en la normativa REINFO y concluyó
que las reiteradas prórrogas y una falta de mecanismo de
trazabilidad convirtieron que el registro no tenga alguna
transparencia sobre la regularización. El autor Vargas
(2022) relacionó esta problemática con: la pobreza, la
ausencia del Estado en territorios periféricos y la debilidad
institucional; planteando que, ninguna normativa resulta
realmente eficaz sin una fiscalización sostenible y la
capacitación a quienes ejecutan según el sector. Por último,
los investigadores Chávez et al. (2023) hallaron que existe
una variación en la probabilidad de formalización y el
respaldo de instituciones disponibles, es decir, que el
REINFO opera de manera diferente sobre poblaciones
mineras con perfiles distintos.
En suma a todo lo anterior, se converge en un problema
concreto, el cual es la brecha entre el diseño normativo del
REINFO y su efectividad real en el campo; pero dicha
brecha no ha sido examinada empíricamente con los
pequeños mineros inscritos en el registro. Por tanto, el
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objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la
normativa del REINFO y el nivel de formalización
alcanzado por los pequeños mineros en el Perú durante el
año 2025, así como también análisis cómo dimensiones
específicas del marco normativo como el conocimiento de
las normas, el cumplimiento documental, y el
cumplimiento ambiental y de seguridad se relacionan con
diferentes componentes de todo el proceso de
formalización. Los resultados aportaron evidencia directa
para evaluar la coherencia entre la política normativa
vigente y sus respectivos resultados operativos (Hadi et al.,
2023).
Método
La investigación fue de tipo básica y orientada a fortalecer
el conocimiento teórico sobre la normativa del Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO) y su relación
con los procesos de formalización de pequeños mineros en
el Perú sin algún propósito de aplicación práctica inmediata
(Ruiz y Valenzuela, 2022). Se adoptó así un enfoque
cuantitativo, con análisis estadístico de datos numéricos
con el objetivo de examinar la asociación entre las dos
variables (Fuentes et al., 2020). El diseño fue no
experimental y de corte transversal, es decir que, las
variables se observaron en su contexto natural, y los datos
se recolectaron en un único momento sin manipulación por
parte del investigador (Cabezas et al., 2018). El nivel fue
correlacional, el cual fue orientado a determinar la
existencia y nivel de significancia de la relación entre las
variables sin establecer una causalidad (Cuadros, 2022).
La población estuvo conformada por 70 pequeños mineros
inscritos en el REINFO. Debido al tamaño reducido, se
optó por un muestreo censal no probabilístico, el cual
incluyó a la totalidad de los inscritos como muestra
(Romero et al., 2022). La variable normativa del REINFO
se operacionalizó en tres dimensiones: conocimiento
normativo, cumplimiento documental, y cumplimiento
ambiental y de seguridad, y la variable formalización se
analizó mediante las dimensiones de: documentación legal,
legalidad ambiental y laboral, y cumplimiento fiscal.
La totalidad de la recolección de datos se realizó mediante
un cuestionario estructurado derivado de la matriz de
operacionalización de variables (Arias y Covinos, 2021).
El instrumento fue correctamente validado por juicio de
expertos antes de poder aplicarlo (Arias, 2020). El
procedimiento tuvo como inicio una revisión documental
exhaustiva de la normativa vigente: disposiciones del
REINFO, decretos supremos sobre la MAPE y normas de
la SUCAMEC. Seguido de la elaboración y validación del
cuestionario, este se aplicó de manera presencial y también
virtualmente, con el debido consentimiento informado de
cada participante.
Todos los datos fueron codificados, tabulados y analizados
con el sistema SPSS versión n° 26 y software Microsoft
Excel. Se aplicó una prueba de normalidad para determinar
la distribución de los datos y en función de sus resultados
se emplearon los coeficientes de correlación de Pearson o
Spearman, según correspondiera. En este caso, se empleó
Rho de Spearman. El análisis también se complementó con
estadística descriptiva y estadística inferencial.
Resultados
Hipótesis general
Tabla 1
Correlación entre la normativa REINFO y la
formalización de los pequeños mineros en el Perú, 2025
Normativa
REINFO
Rho de
Spearman
Formalización
Coeficiente de
correlación
,422**
Sig. (bilateral)
,000
N
70
Se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la alterna,
esto porque se tiene el sustento estadístico suficiente por el
valor de significancia bilateral de 0.00 inferior al
establecido y el coeficiente igual a 0.422**, como se puede
observar en la tabla. Este resultado evidenció que un mayor
grado de cumplimiento, conocimiento y aplicación de la
normativa del REINFO se asoció con niveles más altos de
formalización minera.
Hipótesis específica 1
Tabla 2
Correlación entre el conocimiento normativo y la
formalización de los pequeños mineros en el Perú, 2025
Conocimiento
normativo
Rho de
Spearman
Formalización
Coeficiente
de
correlación
,258*
Sig.
(bilateral)
,031
N
70
Se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la alterna,
esto porque se tiene el sustento estadístico suficiente por el
valor de significancia bilateral de 0.031 inferior al
establecido y el coeficiente igual a 0.258*, como se puede
observar en la tabla Este resultado indicó que, si bien el
conocimiento de la normativa del REINFO se relacionó
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significativamente con la formalización minera, dicha
relación fue débil, sugiriendo que el conocimiento
normativo por sí solo no resultó suficiente para garantizar
un mayor nivel de formalización.
Hipótesis específica 2
Tabla 3
Correlación entre el cumplimiento documental y la
formalización de los pequeños mineros en el Perú, 2025
Cumplimiento
documental
Rho de
Spearman
Formalización
Coeficiente
de
correlación
,499**
Sig.
(bilateral)
,000
N
70
Se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la alterna,
esto porque se tiene el sustento estadístico suficiente por el
valor de significancia bilateral de 0.00 inferior al
establecido y el coeficiente igual a 0.499**, como se puede
observar en la tabla es un nivel de magnitud moderado.
Este hallazgo indicó que el cumplimiento de los requisitos
administrativos y documentales establecidos en el marco
del REINFO se asoció de manera significativa con mayores
niveles de formalización minera, constituyéndose en una de
las dimensiones con mayor incidencia dentro del proceso
de formalización.
Hipótesis específica 3
Tabla 4
Correlación entre el cumplimiento ambiental y de
seguridad y la formalización de los pequeños mineros en
el Perú, 2025
Cumplimiento
ambiental y de
seguridad
Rho de
Spearman
Formalización
Coeficiente
de
correlación
,357**
Sig.
(bilateral)
,002
N
70
Se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la alterna,
esto porque se tiene el sustento estadístico suficiente por el
valor de significancia bilateral de 0.002 el cual es inferior
al establecido y el coeficiente igual a 0.422**, como se
puede observar en la tabla existe una correlación de
magnitud baja a moderada entre el cumplimiento ambiental
y de seguridad y el nivel de formalización de los pequeños
mineros. Este resultado sugirió que el cumplimiento de las
disposiciones ambientales y de seguridad influyó de
manera significativa en el proceso de formalización,
aunque su efecto fue menor en comparación con el
cumplimiento documental.
Discusión
Los resultados inferenciales de la presente investigación
evidenciaron que la normativa del REINFO se relacionó de
manera significativa con el nivel de formalización de los
pequeños mineros en el Perú durante 2025, debido a que se
aceptó la hipótesis alterna al obtenerse una significancia
bilateral de 0.000, valor inferior al nivel de significancia
establecido (α = 0.05), lo que permitió rechazar la hipótesis
nula. Asimismo, el coeficiente Rho de Spearman alcanzó ρ
= 0.422, evidenciando una correlación positiva de
magnitud moderada, de modo que un mayor grado de
cumplimiento, conocimiento y aplicación de la normativa
del REINFO se asoció con niveles más altos de
formalización, aunque sin explicar completamente el
fenómeno. Los resultados que halló Ventura (2024)
permitió la dimensionar las brechas existentes entre la
inscripción y la formalización efectiva en el REINFO: lo
que quiere decir que hay una tasa de culminación del 2.22%
y una suspensión del 81.4%. Esta data indica que el registro
se ejecutó más como un mecanismo administrativo que
como una vía de formalización, ya que la cobertura de
quienes se inscribieron contrasta con la poca proporción
que sí completó todo el proceso. La dimensión fiscal del
fenómeno fue abordada por Velásquez et al. (2023),
quienes analizaron la formalización del Pequeño Productor
Minero en Puno entre 2014 y 2019 con una muestra de 76
productores. En ese período, el PBI regional registró
fluctuaciones pronunciadas (desde una contracción de
1.6% en 2014 hasta una expansión de 12.3% en 2016, con
retrocesos nuevamente al final del período) lo que
demuestra un contexto económico inestable. Se concluyó
que la formalización abrió puertas al cumplimiento de
obligaciones tributarias, así como tuvo un efecto positivo
acerca de la recaudación, a pesar de los trámites complejos
y los costos asociados a ello, los cuales resultaron ser
limitaciones. Desde un punto de vista jurídico y probatoria,
el investigador Masco (2025) halló flaquezas en la
estructura del REINFO, las cuales comprometían la
capacidad de formalización. Se realizó un análisis de once
expedientes fiscales entre el año 2019 y el 2024, así como
también entrevistas a cinco personajes claves. Se
documentó una carencia de criterios técnicos sobre el
otorgamiento de prórrogas, carencia de trazabilidad de
patrimonio interinstitucional y un uso defensivo de la
constancia REINFO como un gran obstáculo para procesos
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penales. Como solución, el investigador finaliza con una
propuesta de operalización entre el REINFO, la SUNAT y
la SBS para lograr un fortalecimiento en el control y una
trazabilidad en todo el proceso. Así, los investigadores
Pachas y Lombardi (2024) muestran que factores
estructurales favorecen la informalidad y la ilegalidad,
como el aumento demográfico rápido, la priorización de la
gran minería, los depósitos geológicos para una baja
inversión y el aumento del precio del oro. Todo ello explicó
el porqué de un marco normativo solo no basta para elevar
la formalización. Del mismo modo, Pein (2022) planteó el
dilema de formalización al evidenciar que marcos
regulatorios generalistas no lograron formalizar
sosteniblemente, por lo que se requirieron estrategias
innovadoras e inclusivas junto con fortalecimiento
institucional, interpretación que se alineó con la magnitud
moderada del coeficiente observado en el estudio.
En relación al objetivo específico 1, el conocimiento
normativo se asoció significativamente con el nivel de
formalización (ρ = 0.258, p = 0.031), por lo que se aceptó
la hipótesis alterna planteada en la investigación. No
obstante, la magnitud del coeficiente indica una relación
débil: conocer la normativa del REINFO se vincula con
mayores niveles de formalización, pero no los determina.
Las cargas económicas, las exigencias técnicas y las
barreras institucionales operan como factores que el
conocimiento normativo por sí solo no logra neutralizar.
Este hallazgo fue coherente con Muñoz et al. (2023),
quienes estudiaron en Colombia, en dos municipios de
Antioquia y Caldas, la formalización de pequeños mineros
y reportaron que el proceso fue parcialmente aceptado,
pero trasladó responsabilidades técnicas y económicas
hacia los mineros, generando desequilibrio y desigualdad
frente a empresas grandes y afectando negativamente la
situación laboral y social de mineros, comunidades y
familias. La literatura internacional muestra un patrón
bastante parecido. Hilson et al. (2021) estudiaron cómo se
intentó integrar la minería artesanal al marco legal en
Mozambique, con una muestra de 200 mineros, y
encontraron que el proceso se frenó por dos razones
concretas: los trámites eran demasiado complicados y
había muy poca información disponible sobre los propios
mineros. Saber las reglas no alcanzó cuando el sistema era
difícil de usar en la práctica. En Ghana, los investigadores
Adranyi et al. (2024) entrevistaron a 8 expertos sobre si las
políticas de distintos sectores se coordinaban entre sí y
encontraron que un marco legal amplio que, en los hechos
mezclaba licencias centralizadas, poco control sobre el
comercio de oro y cero guías claras de debida diligencia.
Los índices de alineación sectorial lo confirman: 1,2 entre
minería y agricultura, 1,9 entre minería y tierras. La
articulación institucional era en el mejor de los casos
parcial: cuando el sistema no está bien conectado, conocer
las normas no sirve de mucho. Layme y Weill (2025) en su
estudio etnográfico de 2023-2024 mostró que la mayoría
de los mineros quería formalizarse, pero chocaba con
trabas administrativas, corrupción y dificultades para
acceder a derechos mineros, a eso se sumaba que los
discursos públicos tendían a tratar la actividad como un
delito. Las ganas de cumplir existían, pero las condiciones
para hacerlo no. Vargas (2022) por su parte reportó unos
50 000 inscritos en el REINFO hasta el año 2020 y fue
claro, ya que, sin normativa precisa de fiscalización
efectiva y capacitación continua, la inscripción no se
convierte en una formalización real. Así, los estudios
apuntan a lo mismo a que conocer las normas es necesario,
pero no es suficiente, lo que limita su efecto es la
burocracia que tiende a enredarse, las instituciones débiles
y el costo real que implica seguir el proceso.
En relación con el segundo objetivo específico, se
determinó que el cumplimiento documental se relacionó de
manera significativa y con magnitud moderada con el nivel
de formalización, aceptándose la hipótesis alterna al
obtenerse una significancia bilateral de 0.000 y un
coeficiente Rho de Spearman de ρ = 0.499. Este resultado
evidenció que el cumplimiento de requisitos
administrativos y documentales establecidos en el marco
del REINFO se asoció con mayores niveles de
formalización, constituyéndose en la dimensión con mayor
incidencia relativa en el proceso. El caso chileno muestra
qué pasa cuando el Estado no se limita solo a registrar a los
mineros sino que asume un rol más activo y directo en el
proceso, y eso es exactamente lo que documentaron
Scholvin y Atienza (2023) a partir de 19 entrevistas a
funcionarios, dirigentes y asistentes técnicos que
permitieron ver que ENAMI no solo legalizó a los mineros
sino que también les ofreció apoyo financiero, capacitación
técnica y acceso a mercados formales lo que derivó en una
reducción considerable de la informalidad en el sector. Las
limitaciones que los autores identificaron, como la falta de
presupuesto y el lento crecimiento de la competitividad,
son bastante reveladoras porque donde la institución pudo
operar con los recursos necesarios el proceso avanzó y
donde esos recursos escasearon todo se frenó, lo que dice
mucho sobre la relación entre capacidad institucional y
resultados concretos. Colombia presenta una variante
diferente del mismo principio y Delgado et al. (2024) la
documentaron al estudiar los arreglos de formalización en
Buriticá entre 2014 y 2020 mediante entrevistas a 35
actores, encontrando que la asignación de áreas en
concesión, el acceso a información geológica, el apoyo
técnico-financiero y el establecimiento de reglas operativas
concretas fueron los factores que redujeron los riesgos e
incertidumbres que normalmente alejan a los mineros del
cumplimiento aunque la burocracia y la falta de
coordinación siguieron presentes como obstáculos a lo
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largo de todo el proceso, y el avance fue real solo donde
existieron rutas operativas habilitadas y accesibles.
Tomados en conjunto ambos casos apuntan al mismo
mecanismo que es que la formalización avanza cuando las
instituciones hacen más fácil cumplir con las reglas y no
simplemente cuando imponen la obligación de hacerlo,
porque cumplir tiene un costo práctico que no desaparece
solo con dictar una norma. En Puno, Salas et al. (2021)
analizaron 6,985 solicitudes de formalización y los
números son bastante contundentes dado que solo 11
operadores lograron formalizarse lo que equivale a un
0.2%, y además el 91% no consiguió contratos de
concesión mientras que el 97% no contó con acreditación
de terrenos superficiales, lo que deja claro que los
obstáculos documentales fueron determinantes para
explicar quién pudo y quién no pudo avanzar en el proceso.
Del mismo modo, Callo (2024) evaluó en Apurímac 72
asociaciones mineras inscritas en REINFO y halló que,
aunque el REINFO y la acreditación de terrenos fueron
valoradas favorablemente, persistieron barreras para
certificación ambiental y acreditación de títulos, además de
calificaciones de gestión de políticas entre bajo y medio,
con 75% en lo político, 44.4% en lo social, 51.4% en lo
económico y 56.9% en lo institucional, concluyéndose que
la gestión de políticas públicas afectó significativamente la
implementación y resultados, lo cual sostuvo que el
cumplimiento documental dependió de la articulación
institucional. Dueñas et al. (2025) compararon
directamente los casos de Perú y Colombia y lo que
encontraron es bastante ilustrativo porque en Perú más del
75% de los inscritos seguía suspendido y la tasa de los que
realmente terminaban el proceso no llegaba al 2.5%,
mientras que en Colombia los contratos de formalización y
las Zonas de Reserva Especial sí generaron avances
concretos aunque la superposición de derechos y la
resistencia de los titulares mineros actuaron como freno, y
todo eso junto confirma que lo que más define si el proceso
avanza o se estanca es la estructura de rutas institucionales
disponibles y el cumplimiento de los requisitos
documentales. En lo que respecta al tercer objetivo el
cumplimiento ambiental y de seguridad mostró una
asociación significativa con el nivel de formalización (ρ =
0.357, p = 0.002) lo que llevó a aceptar la hipótesis alterna,
aunque la magnitud del coeficiente siendo baja a moderada
ubica este componente por debajo del cumplimiento
documental y esa diferencia refleja una tensión concreta
que tiene que ver con que las exigencias ambientales son
costosas y requieren capacidades de supervisión y apoyo
que muchas veces simplemente no están disponibles para
los mineros. La evidencia internacional ayuda a entender
por qué este componente importa y Fagariba et al. (2024)
lo mostraron bien al trabajar en Ghana con 330 mineros
agricultores y 150 representantes de agencias ambientales
y mineras, documentando contaminación del agua por
arsénico, mercurio, plomo, cobre y niquel con impactos
sobre la biodiversidad y la seguridad alimentaria, y lo más
importante de su estudio fue que el incumplimiento
ambiental no se explicaba por ignorancia sino porque
cumplir con las normas tenía un costo que los mineros
sencillamente no podían asumir dado sus bajos ingresos y
la presión productiva que enfrentaban. En Ecuador
Mestanza et al. (2022) evaluaron 31 mineros artesanales y
12 de pequeña escala junto a un comité técnico de 5
expertos e identificaron 16 impactos ambientales con el
50% de magnitud media y el 43.75% alta y afectación
crítica en agua, suelo, vegetación, hábitat y salud, y el dato
más llamativo fue que el 90% seguía usando mercurio pese
a que estaba expresamente prohibido lo que no solo habla
de incumplimiento sino de que no había alternativas reales
disponibles para dejar de usarlo. Ambos estudios apuntan
al mismo problema que es que el cumplimiento ambiental
no avanza por el solo hecho de que exista una norma
cuando faltan las condiciones económicas, técnicas e
institucionales que lo hagan viable en la práctica. Shah et
al. (2021) por su lado aplicaron 150 cuestionarios en
Pakistán y encontraron que la minería artesanal favoreció
los medios de vida pero que el 85% de los mineros ignoraba
los efectos ambientales negativos de su actividad lo que
explica en parte porque el componente ambiental no
siempre se priorizó en la transición hacia la formalidad. En
el caso peruano Chávez et al. (2023) analizaron La
Rinconada con una muestra aleatoria de 65 operadores
sobre una población de 650 y encontraron que la
probabilidad de formalizarse aumentaba con la edad y el
nivel educativo, con efectos marginales de 0.035 por año
adicional y 0.10 por cada incremento educativo, y que las
prácticas ambientales como el manejo de relaves dependían
tanto del perfil del operador como del respaldo institucional
que este recibía. Culminando, autores Zárate et al. (2023)
en su estudio realizado en Colombia tuvieron como
muestra a 80 mineros campesinos y realizaron entrevistas
a 4 representantes de las comunidades. El estudio concluyó
que el neoextractivismo bloqueó la formalización de las
comunidades debido al estigma sobre la minería artesanal
y debido a la restricción del acceso a tierra, licencias y
apoyo. Se recomendaron reglas contextualizadas y con
enfoque ambiental, lo que ayuda a interpretar que el
cumplimiento ambiental y cumplimiento de seguridad se
relaciona directamente con la formalización, pero con
condiciones de barreras estructurales y cómo se
implementan los requisitos.
Conclusiones
Existe una asociación positiva y estadísticamente
significativa entre la normativa del REINFO y el nivel de
formalización de los pequeños mineros en el Perú en 2025
(rs = 0.422; p < 0.05). Este resultado demostró que el marco
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normativo vigente se encontró asociado al avance del
proceso de formalización, aunque con una magnitud
moderada.
e concluye que el conocimiento normativo del REINFO se
relacionó de manera positiva y significativa con el nivel de
formalización de los pequeños mineros, aunque con una
intensidad baja (rs = 0.258; p < 0.05). Este resultado da a
entender que aunque la comprensión de la normativa
constituye un factor importante para la formalización, no
logra ser suficiente para completarla.
Como segunda conclusión, se tuvo una relación fuerte entre
la formalización de pequeños mineros y el cumplimiento
documental (rs = 0.499; p < 0.05), dando por concluido que
la presentación, actualización y validación de la
documentación que es exigida por el REINFO constituyen
un papel importante para el avance de formalización
minera.
Como tercera conclusión, se determina que el
cumplimiento ambiental y de seguridad se relacionó de
manera positiva y significativa con el nivel de
formalización de los pequeños mineros con un rs = 0.357
(p < 0.05), evidenciando que la implementación de las
buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de las
normas de seguridad influyen en todo el proceso, pero con
menos intensidad que el cumplimiento documental.
Como última conclusión, tenemos que, a pesar de los
avances observados en conocimiento normativo hacia los
pequeños mineros, el cumplimiento documental y las
buenas prácticas ambientales, se mantuvieron las brechas
estructurales en relación a trámites administrativos,
certificaciones ambientales, el uso de terrenos y la
formalización tributaria.
Recomendaciones
Resulta pertinente que el Ministerio de Energía y Minas y
a las instancias responsables del REINFO revisar y
optimizar el diseño normativo y procedimental del proceso
de formalización minera, a fin de fortalecer su efectividad
práctica y reducir las brechas identificadas entre la
normativa vigente y el nivel real de formalización de los
pequeños mineros.
Se recomienda a los gobiernos regionales, a través de las
Direcciones Regionales de Energía y Minas, implementar
programas permanentes y descentralizados de capacitación
normativa dirigidos a los pequeños mineros, con el
propósito de fortalecer el conocimiento del REINFO y
reducir los vacíos informativos que limitan la correcta
aplicación de los requisitos legales.
Se recomienda a las entidades responsables del proceso de
formalización priorizar la simplificación, digitalización y
acompañamiento técnico del cumplimiento documental,
debido a que este componente evidenció ser el factor con
mayor incidencia en la formalización de los pequeños
mineros, según los resultados obtenidos.
Se recomienda al Ministerio del Ambiente, a las
autoridades competentes del SEIA y a las entidades de
fiscalización fortalecer los mecanismos de asistencia
técnica ambiental y de seguridad minera, facilitando el
cumplimiento de estos requisitos sin comprometer los
estándares de sostenibilidad y protección de la salud
ocupacional.
Se recomienda al Estado peruano promover una estrategia
integral de formalización minera que articule la normativa
del REINFO con políticas tributarias, ambientales y
territoriales, incorporando incentivos reales para los
pequeños mineros formalizados, de modo que la
formalización sea percibida no solo como una obligación
legal, sino como un proceso sostenible y beneficioso.
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