INTRODUCCIÓN

La población tiende a buscar seguridad en su desenvolvimiento y desarrollo social; por esa razón, desde las últimas décadas se han visto innovaciones en la sociedad que les han cambiado la vida (Alemán & García, 2018). No obstante, la participación ciudadana se ha transformado en una necesidad concreta, más que discursos o apoyo de programas sociales que influyen directa o indirectamente (Espinoza, 2022). Una de las razones en la que la participación ciudadana dentro de las zonas urbanas se organiza, se debe a la ineficacia de los funcionarios de la gestión pública y la policía nacional, que carecen de estrategias para resolver o solucionar problemas de la seguridad en el marco de las leyes (Montecinos & Contreras, 2019). En las zonas rurales, la organización social da origen a las llamadas “Rondas campesinas”, las mismas que gozan de autonomía; ello permite ejercer democráticamente los derechos constitucionales ante la imperiosa necesidad de dar solución a los problemas de seguridad (Chávez et al., 2019). Lo que hace pensar, tanto en las áreas rurales como urbanas, la falta de una cultura de paz, a pesar que se tiene el apoyo de las instituciones privadas, estatales y sociedad civil, afianzándose en el sentimiento de afinidad entre ellas mismas y sus partidarios (Olaya, 2021).

La participación se da en tres maneras: participación política, social y civil (Espinoza, 2022). En la primera connotación, los grupos participan en grupos constituidos formalmente con reglas para la representación que tienen un fin de interés público, trascendiendo para influir en la elección del personal o en las actividades de ámbito político. En cuanto a lo social, se vincula con toda la población y las organizaciones sociales de base, entidades estatales y privadas, y, por último, la misma comunidad se organiza mediante creencias y normas morales en beneficio propio de los derechos humanos (Arévalo et al., 2022; Normanton, 2022; García & Palacio 2022).

Hasta la fecha, los índices de la inseguridad fueron de 86,9% en las grandes ciudades de Sudamérica (INEI, 2017), un porcentaje muy alto en comparación a metrópolis de países industrializados del mundo. En este sentido, la ejecución de las políticas públicas en la región carece de plena participación de la población, por escasa apertura de los gobiernos y falta de motivación de los gestores (Gonzales & Mballa, 2017). Una disputa no resuelta, que arrastra secuelas socioeconómicas e incremento de crímenes y violencia con resultados poco alentadores (González, 2019; Vivanco, 2021).

En tanto que, en Lima seis de cada diez personas manifestaron que el gobierno debe priorizar la seguridad ciudadana a razón del creciente aumento de la delincuencia hasta un 20% de casos de crímenes y secuestros, en cada año (Ipsos Apoyo, 2022). No obstante, en el distrito de Pachacámac, un distrito con 152 272 habitantes (INEI, 2017), al sur de Lima, mantiene niveles altos de delincuencia, sicariato y secuestros organizados, alterando el orden social, y muchas veces por temor a las represalias, la población decide no denunciar los hechos (Espinoza, 2022). A cambio de ello, la inversión que hace el estado mediante el presupuesto municipal es mayor, puesto que tiene que equiparse con efectivos de serenazgo (policía municipal local), implementación de cámaras en las avenidas y calles principales, puestos de vigilancia, por otro lado, creación de comisarias, implementación del cuerpo de bomberos, etc. requiere, en cierto modo, de una gestión territorial eficiente y comprometida con la ciudadanía (Poblete, 2022; Guillen et al., 2009).

Estos indicadores, constituyen en sí, una realidad latente, que a diario tiene que padecer la población, más aún menores de edad, de cualquier condición social, incrementándose más en los espacios donde hay comercio informal. Situación que no se puede controlar a causa de una sociedad que no trabaja desde la etapa de la niñez, debido a la irresponsabilidad de los padres que abandonan a los hijos, y, por tanto carente de oportunidades laborales e instituciones públicas o privadas de servicios al ciudadano (bancos, escuelas, centros de salud, lugares deportivos) (Kanashiro, 2021; Jiménez et al., 2020). Ahora, según el reporte de la Policía Nacional, en el Perú se consumaron 5 mil denuncias por robos al paso, marcaje, y secuestros (INEI, 2022), sin considerar la extorsión y cobro de cupos de grupos mafiosos, no se tiene registro alguno. De este modo, se hace necesaria una reingeniería, que sustente estrategias de intervención y vigilancia en los distritos de alto riesgo delincuencial, la misma que causa daños psicológicos y emocionales (Cárdenas, 2018; Álvarez & Motta, 2017; Bleisen & Zavaleta, 2020).

Para combatir la delincuencia es necesario comprender la filiación del poblador con su medio donde se relaciona (costumbres y tradiciones) para implementar nuevas normas que estén acorde al contexto y a la cultura a fin de una convivencia saludable (Herrera & Acosta, 2019), según la teoría del dilema urbano, Hernández (2016) concluyó que una nación con desigualdades económicas es un indicador de aumento del crimen, es decir si hay mayor cantidad de personas en un lugar también habrá mayor violencia y hurtos, debido a que existe mayor desorganización social si no hay una estructura de organización; esta situación es aprovechada por los delincuentes que implementan sus modus operandi. En esa misma línea, Rincón (2018) consumó que hay relación con los ambientes urbanos y la intimidación a causa de la situación pobreza-violencia, estos temas son imprescindibles para abordar la inseguridad, la cual ha permitido avances en la mejora de implementación de políticas públicas, pero aún tienen debilidades que faltan fortalecer.

Como parte de las propuestas de reducir la delincuencia Huitron (2022) reportó que no tienen resultados positivos las medidas disciplinarias severas, debido que las personas que cometen delito son parte también de la sociedad y son producto del contexto. Pero también las leyes son tan flexibles que los que tienen estar presos no lo están, debido a argucias de los magistrados o abogados que buscan formas para evitar las sanciones. En esa línea Guzman-Miranda et al, (2022) halló que según el enfoque clasista la delincuencia busca ser enfrentada por medidas reduccionistas y los resultados son efecto de las mismas y no trascienden a una solución integral, por lo que es fundamental ver desde otra perspectiva de acuerdo a su complejidad donde los actores tienen razones que conllevan al delito, además tomar en cuenta todas estas situaciones para hacer una intervención de los delitos incluyendo la revalorización del ser humano en el proceso de socialización. Por tanto, el estudio pretende identificar el impacto participación vecinal en la inseguridad ciudadana de un municipio de Lima Sur.

MÉTODO

La investigación aplicada, enfoque cualitativo cuyo método fue el inductivo que va de lo particular a lo general. Asimismo, trata de analizar las dinámicas de los fenómenos sociales, realizados por la misma población (Esteban, 2018). Su diseño hermenéutico expone como estrategia la intervención del investigador (Villar et al., 2018). Se realizaron entrevistas a profundidad a siete participantes, entre ellos a funcionarios de la municipalidad de Pachacámac, efectivos policiales y ciudadanos.

Los resultados demuestran que la participación vecinal es precaria debido a que la mayoría de la población no percibe que el gobierno local ni la policía fomenten la participación de la población en contra de la inseguridad ciudadana, pero hay lugares focalizados en donde se vienen realizando esfuerzos de conformación de juntas vecinales, las cuales no tienen el presupuesto ni la logística para ser sostenibles, pero la voluntad de tener el barrio libre de delincuentes es muy importante, donde con escasas charlas de prevención muchas veces solo cuando ocurre un hecho delictivo aparecen los serenos y la policía, pero en lugares donde no se ha priorizado los pobladores manifiestan que no hay invitación a reuniones para tomar acuerdos, conciben la apatía y desprotección. El distrito está conformado por una población en su mayoría de inmigrantes de diversas regiones del país y recientemente inmigrantes del país de Venezuela por la crisis económica y social del país, demostrando que no tienen un conocimiento de la seguridad, varios laboran doce a más horas por la crisis económica y por el encarecimiento de los precios de primera necesidad por lo que lo vecinos carecen de tiempo y de estrategias para afrontar y oprimir la delincuencia por consiguiente la IC.

Los resultados se refutan con lo hallado por Gonzales (2019) que la participación de la población viene en incremento en los países de Sudamérica con buenos resultados en la lucha frente a la delincuencia. En cambio, herrera & Acosta (2019) hallaron que se priorice atender el binomio espacio-ciudadano y la cultura (costumbres y tradiciones) que permite fortalecer la unión para buscar la participación en la seguridad. Pero, concuerdan con lo que se encontró que en las parcelas de bajos recursos hay incertidumbre donde se recalcan la delincuencia generando temor e intimidación, para aminorar los pobladores acuden a tener seguridad particular (Kanashiro, 2021). En cuanto a la escasa intervención ciudadana, Herrera & Acosta (2019) acertaron que es necesario considerar que la población tiene puntos comunes para el uso de los espacios de la comunidad donde interactúa las personas de la comunidad con sus costumbres y tradiciones para provocar la buena convivencia. Promover la participación vecinal en la seguridad ciudadana es impostergable debido al crecimiento de la población, el gobierno local necesita aumentar mayor cantidad de serenos y la policía mayor cantidad de efectivos para la vigilancia ciudadana, por lo que cobra relevancia la concientización de la población en la seguridad como medida preventiva y ejecutiva

Los resultados encontrados de la inseguridad ciudadana en el distrito son altos porque la mayoría de la población expresa que los esfuerzos del gobierno local y la policía son insuficientes generando en la población temor, intranquilidad y fragmentación social en la sociedad, quedando expuestos lo niños, mujeres y ancianos. A esto se añade la drogadicción que está a la vista de las autoridades, policía, serenazgo y la ciudadanía, percibiéndose que no hay acciones concretas para disuadir y la falta de implementación de políticas de reinserción para mitigar la inseguridad. Las consecuencias como lo aluden los interrogados son: disgregación familiar, menoscabo de la salud, separación de parejas y abandono de la familia. En el aspecto moral el deterioro de una formación sólida de valores en los niños y los adolescentes que en esta etapa son de suma importancia. En el aspecto económico escasas oportunidades de trabajo por falta de inversión. La drogadicción y la delincuencia en muchos casos tienen una complicidad debido a que los facinerosos se drogan para ejecutar robos y asaltos a la posesión particular, también se han generado lugares donde ya no es posible caminar con tranquilidad, es decir se vienen adueñando de lugares donde operan sin impunidad. Es de suma prioridad que las victimas tengan atención no solo legal sino psicológica para mitigar los traumas y secuelas en el aspecto emocional.

Los resultados coinciden con lo encontrado por Kanashiro (2021) que halló que hay inseguridad en zona de insuficientes recursos económicos que a la vez son los que padecen y están propensos a la delincuencia. En correspondencia Rincón (2018) consuma que el principio del terror se encuentra en las urbes porque se concentran un número mayor de personas y donde existe la miseria, por lo que es necesario que existan oportunidades de labor para la juventud. La teoría de la disonancia cognitiva de Festinger (1985) respalda que todo sujeto conoce sobre el bien y el mal, pero las malhechoras cometen los delitos entran en un trance interno, por ello varias veces acuden a las sustancias nocivas para inhabilitar sus emociones y además demandan maniobras para no sentir culpa, escrutan maneras de evadirlas para estar bien consigo mismo, fundando una sabiduría del autoengaño.

CONCLUSIONES

La participación ciudadana en el distrito de Lima sur es incipiente debido al poco interés de las autoridades en abordar las causas de la inseguridad. Por otra parte, la población sale a trabajar a otros distritos por más de doce horas, porque en el distrito no hay muchas oportunidades de trabajo, puesto que no tienen desarrollado la noción de convivencia en comunidad. Se ha identificado en su mayoría a personas extranjeras y migrantes de otros lugares que van a delinquir, siendo muchas veces, requisitoriados, y en peor de los casos, no tienen identificación. No obstante, el gobierno local, no hace partícipe a la población, a pesar que se cuenta con un plan de acción de seguridad ciudadana municipal. En consecuencia, existe un divorcio entre el Estado y la población, sin embargo, son insuficientes los efectivos policiales y agentes del serenazgo, limitaciones que de una forma u otra han calado hondo para el control y vigilancia de la población, sin dar alternativa a la defensa personal con algo de suerte, o en el peor de los casos, con más casos delincuenciales. Se recomienda, a la población que se siga organizando y busque estrategias mediante capacitaciones, acompañamiento y patrujalle por parte de la Policía Nacional.

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